Por Daniela Muñoz C.
Un tenso intercambio se vivió durante la sesión N°87 del Concejo Municipal de San Felipe, luego que el concejal Ronald Olivares cuestionara el uso de las redes sociales institucionales del municipio y acusara un presunto incumplimiento de un dictamen emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso. La situación derivó en una dura respuesta de la alcaldesa Carmen Castillo, quien incluso advirtió que podría presentar acciones legales en su contra.
Durante su intervención, el edil sostuvo que el municipio no habría dado cumplimiento al pronunciamiento emitido por el organismo contralor en 2024, el cual abordó el principio de impersonalidad en el uso de las plataformas institucionales.
En ese contexto, Olivares afirmó que «lo que vemos es una burla flagrante al órgano contralor y un desprecio absoluto por las normas de probidad administrativa que rigen a los municipios».
Asimismo, agregó que «al revisar la página de Facebook se puede constatar que la alcaldesa persiste en el abuso de su imagen personal. La plataforma institucional financiada con recursos públicos se sigue utilizando como un catálogo de propaganda personal y un despliegue de vanidad política».
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Alcaldesa anunció posibles acciones legales
Las declaraciones fueron interrumpidas por la alcaldesa Carmen Castillo, quien calificó las acusaciones como de extrema gravedad y respondió en la misma sesión del Concejo Municipal.
«Usted está haciendo acusaciones gravísimas. (…) Si yo tuviera alguna responsabilidad, por supuesto la voy a reconocer y sino me voy a querellar contra usted por ofensas graves a la suscrita», señaló la jefa comunal.
Posteriormente agregó que «eso yo lo considero inaceptable para una persona que en estos momentos es parte de un equipo y considero que no puede ser que usted esté dando información que es injuriosa», solicitando además la intervención de la directora jurídica del municipio.
El episodio generó un ambiente de alta tensión durante la sesión del Concejo Municipal y se suma a una serie de controversias que han marcado el debate político en San Felipe durante las últimas semanas, mientras continúa la discusión sobre el uso de las plataformas institucionales y el cumplimiento de las normas de probidad en la administración pública.
