El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Limache por un eventual fraude al Fisco que involucraría más de $131 millones en recursos de la Municipalidad de Olmué, solicitando que se investiguen presuntas irregularidades en contratos, adquisiciones y procesos de licitación.
El parlamentario entregó al Ministerio Público una serie de antecedentes que incluirían comprobantes bancarios, contratos y órdenes de compra municipales. A partir de estos documentos, pidió determinar si existió un mecanismo irregular relacionado con pagos efectuados a un contratista y su posterior vinculación con contrataciones realizadas por el municipio.
La denuncia también busca esclarecer un eventual direccionamiento de procesos de licitación desarrollados durante 2024, 2025 y 2026, además de establecer las responsabilidades que pudieran existir entre funcionarios municipales.
Entre las diligencias solicitadas se encuentra determinar una eventual responsabilidad del alcalde de Olmué, Jorge Jil, quien posteriormente se refirió públicamente al caso y aseguró que su administración ya había comenzado a adoptar medidas frente a antecedentes sobre posibles irregularidades.
Olivares sostuvo que la presentación ante la Fiscalía responde a su labor fiscalizadora y a la necesidad de que sea el Ministerio Público el que determine si los antecedentes entregados configuran algún ilícito relacionado con el manejo de recursos municipales.
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Alcalde instruyó sumario y pidió investigación a Contraloría
Frente a las acusaciones, el alcalde Jorge Jil informó que el viernes 14 de agosto ingresó una denuncia al municipio relacionada con eventuales irregularidades en pagos efectuados a un proveedor y que, durante esa misma jornada, ordenó la apertura de un sumario administrativo.
En el marco de ese procedimiento, según explicó el jefe comunal, el fiscal administrativo determinó suspender de sus funciones al funcionario involucrado, mientras avanza la investigación y se recaban las declaraciones correspondientes.
Jil agregó que el proveedor mencionado en los antecedentes también será citado como parte de las indagatorias y que este lunes el municipio solicitó formalmente a la Contraloría una investigación especial, destinada a revisar los pagos realizados desde 2024 y los procesos licitatorios adjudicados al proveedor involucrado.
El alcalde aseguró además que su administración no encubrirá ni protegerá a ninguna persona si las investigaciones comprueban irregularidades. En caso de determinarse un eventual uso indebido de recursos públicos, señaló que se adoptarán las medidas administrativas y legales correspondientes, incluyendo la entrega de antecedentes al Ministerio Público si procede.
El caso queda ahora sujeto a las investigaciones de los organismos competentes, que deberán establecer si efectivamente existieron irregularidades en el manejo de los más de $131 millones denunciados, así como determinar las eventuales responsabilidades individuales. Por el momento, los hechos denunciados y las posibles responsabilidades no se encuentran acreditados judicialmente.
