El Juzgado de Garantía de Los Andes resolvió modificar las medidas cautelares que pesaban sobre el alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, quien quedó sujeto a firma semanal y arraigo nacional.
La decisión dejó sin efecto el arresto domiciliario nocturno que debía cumplir el jefe comunal, luego de que su defensa solicitara revisar las medidas vigentes en el marco de la investigación.
La resolución fue adoptada por el magistrado Raúl Valenzuela Rodríguez, quien consideró que las nuevas cautelares resultan suficientes para asegurar la participación de Galdames en el proceso judicial.
Entre los antecedentes considerados estuvieron el arraigo del alcalde en la comuna y su asistencia a las distintas audiencias desarrolladas durante la investigación.
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Investigación continúa en curso
Durante la audiencia, el tribunal recalcó que la causa aún se encuentra en etapa investigativa y que las medidas cautelares no constituyen una declaración de culpabilidad.
De esta manera, la modificación de las condiciones impuestas al alcalde no significa el término del procedimiento judicial ni determina su responsabilidad penal respecto de los hechos investigados.
La defensa, en tanto, valoró la reducción en la intensidad de las medidas cautelares y anunció que continuará trabajando para acreditar que Galdames no tendría responsabilidad penal en la causa.
Uno de los puntos abordados durante la audiencia estuvo relacionado con la situación del callejón Las Moras, antecedente que forma parte de las materias discutidas durante la investigación.
Desde la defensa también se han cuestionado elementos de la tesis sostenida por el Ministerio Público respecto de la denominada “inflación de los terrenos”, asegurando que existen antecedentes que, a su juicio, debilitarían dicha hipótesis.
Por ahora, Juan Galdames deberá cumplir con firma semanal y arraigo nacional, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos investigados.
La causa permanece abierta y la modificación de las cautelares no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal del alcalde.
