La Fiscalía de Limache impuso arraigo nacional y suspendió la licencia de conducir de Luis Mella Andaur, hijo del alcalde de Quillota, tras la formalización por el accidente de tránsito ocurrido el 1 de enero de 2025 en dicha comuna, donde manejaba en estado de ebriedad y terminó chocando por alcance al conductor afectado, quien viajaba acompañado de su hijo de 8 años. A casi un año del hecho, la audiencia permitió exponer no solo los antecedentes del siniestro, sino también que el imputado mantiene otra causa abierta por un accidente similar.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, el impacto se registró entre las 9:30 y las 10:30 horas en Avenida Palmira Romano Norte. La víctima avanzaba en dirección a Los Laureles cuando, al llegar a la intersección con calle Riquelme, su vehículo fue colisionado en la parte posterior por el automóvil guiado por Mella Andaur. El persecutor explicó que, al llegar Carabineros, los funcionarios detectaron que el imputado presentaba fuerte olor a alcohol, dificultad para caminar y descoordinación al hablar. Debido a eso se le realizó el intoxilyzer, que arrojó 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la alcoholemia posterior confirmó 0,99 gramos.
Las lesiones tanto de la víctima como del menor fueron calificadas como leves en el Hospital Santo Tomás de Limache. Para la Fiscalía, estos antecedentes configuran el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones y daños, con participación directa en calidad de autor. En la misma audiencia se reveló que Mella Andaur mantiene vigente otra causa radicada en la Fiscalía Local de Quillota por cuasidelito de lesiones graves en un accidente anterior, información que fue considerada por el Ministerio Público para solicitar medidas cautelares.
“Si bien el imputado no registra condenas, mantiene un proceso en tramitación por un hecho previo. Es la segunda oportunidad en que se ve involucrado en un accidente con daños y lesiones, lo que, a juicio de la Fiscalía, representa un riesgo para la seguridad vial”, sostuvo Sánchez durante su intervención. Con esos argumentos, el tribunal acogió la solicitud de arraigo nacional y suspensión temporal de la licencia de conducir, decretando además un plazo de investigación de 90 días y fijando para el 2 de enero de 2026, a las 9:00 horas, una audiencia para evaluar una eventual suspensión condicional del procedimiento.
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Tras la formalización, la víctima, Gilbert Ortiz, señaló que las conversaciones para llegar a una reparación económica se han visto trabadas, comentando que el imputado consideró excesivo el monto. “Yo trabajo en aplicaciones y gano entre dos y 2,7 millones. Cuando le mostré eso, me dijo que no ganaba más de 800 mil. Y además quiere pagarlo en cuotas”, afirmó. Ortiz también cuestionó lo que describió como un funcionamiento de “amiguismo”, asegurando que la demora en la entrega de los exámenes y parte médico no habría sido casual. Según dijo, “acá está operando el amiguismo, por los contactos médicos que pueda tener el papá del imputado… No fue antojadizo; esto pasó por amiguismo”.
Con las medidas decretadas, la causa continuará en investigación mientras las partes evalúan un eventual acuerdo reparatorio.
