El Servicio Electoral volvió a fijar postura frente a la controversia por la eventual disolución de partidos políticos que no cumplieron los requisitos legales en las últimas elecciones parlamentarias. La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, desestimó los argumentos presentados por Evopoli y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), colectividades que anunciaron que recurrirán al Tribunal Calificador de Elecciones.
El organismo resolvió iniciar el proceso de disolución de 13 partidos políticos, luego de constatar que no alcanzaron el 5% de los votos válidamente emitidos en los últimos comicios legislativos ni lograron elegir al menos cuatro parlamentarios en esa misma elección. Ambas colectividades cuestionadas sostienen que sí cumplen con el mínimo exigido, considerando legisladores electos en distintos periodos.
Sin embargo, Figueroa fue enfática al aclarar la interpretación del Consejo Directivo. “Lo que determina la Ley de Partidos Políticos es que se elegirán cuatro parlamentarios, y se refiere a la última elección”, explicó. La autoridad precisó que el análisis se realiza sobre el acto electoral más reciente y no sobre la composición total del Congreso.
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En esa línea, detalló que el sistema bicameral chileno contempla elecciones diferenciadas para diputados y senadores, con renovaciones parciales en el Senado. “Esta evaluación que se hace para los partidos es de acuerdo a los resultados de la última elección, y ahí se cuentan los legisladores”, puntualizó. Asimismo, agregó que “la ley se refiere a los electos, no a la cantidad total”, descartando así la interpretación que sumaría parlamentarios elegidos en procesos anteriores.
La presidenta del Servel también abordó otro foco de preocupación: el rechazo de los estados contables de 14 partidos políticos, de un total de 24 revisados. Según explicó, las colectividades reciben financiamiento público, lo que implica obligaciones estrictas en materia de rendición de cuentas y transparencia. En varios casos, los balances fueron objetados por falta de documentación suficiente o por no haber ejecutado completamente los recursos asignados.
Pese a ello, Figueroa señaló que las tiendas políticas aún pueden subsanar las observaciones. “Pueden trabajar para tenerlos aprobados y así poder seguir recibiendo los aportes públicos”, indicó, anticipando que durante las próximas semanas varias colectividades intentarán regularizar su situación para mantener su funcionamiento institucional.
