La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quedó sin representación legal privada en la causa judicial en la que es investigada por presuntos hechos de corrupción que habrían provocado un déficit superior a los $30 mil millones en el municipio.
A partir de ahora, la exjefa comunal pasará a ser representada por abogados de la Defensoría Penal Pública, institución encargada de brindar defensa jurídica a personas que enfrentan procesos penales y que no cuentan con representación particular.
Defensoría Pública asumirá su representación
Fue la Defensoría Regional Metropolitana Sur la que informó oficialmente la designación de los profesionales que asumirán la defensa de Barriga en la causa que se sigue en su contra.
De acuerdo con el organismo, la exalcaldesa será representada por el defensor local jefe de Maipú, Pablo Sanzana Fernández, junto al jefe de estudios regional (s) Metropolitano Sur, Eduardo Camus Cruz.
La designación ya fue comunicada al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que lleva adelante el proceso judicial contra la exautoridad comunal.
Renuncia del abogado que llevaba su defensa
El cambio en la defensa se produce luego de que, a fines de marzo, el abogado Cristóbal Bonacic presentara su renuncia a la representación de Barriga, rol que había asumido desde el inicio de la investigación.
Hasta ahora, no se han informado oficialmente las razones que motivaron su salida del caso.
Lo que sí llama la atención es que el profesional continúa representando al esposo de la exalcaldesa, el exdiputado Joaquín Lavín León, quien también enfrenta investigaciones judiciales vinculadas a presuntos delitos de corrupción relacionados con su rol político y su eventual participación en la gestión municipal durante el periodo en que Barriga encabezaba la alcaldía.
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Cambio podría retrasar el proceso judicial
El cambio de defensa podría generar nuevas demoras en el avance del proceso, ya que los abogados designados deberán revisar en detalle los antecedentes del caso.
Actualmente, la causa se encuentra en etapa previa al juicio oral. Para agosto está prevista la audiencia de preparación de juicio oral, aunque el cambio de representación podría derivar en eventuales solicitudes de postergación para permitir que los nuevos defensores estudien el expediente.
En esta investigación, la Fiscalía de Chile ha solicitado una pena de 23 años de cárcel para la exalcaldesa, mientras que el Consejo de Defensa del Estado ha planteado una solicitud aún mayor, que alcanza los 37 años de prisión.
— Defensoría Regional Metropolitana Sur (@Dpp_MetroSur) April 7, 2026
