Un nuevo informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas en la región de Valparaíso tras revelar que más de una decena de municipalidades superaron el gasto promedio nacional en celebraciones consideradas como no justificadas durante los años 2024 y 2025.
Se trata de una ampliación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, documento que detalla el uso de recursos públicos en actividades que, según el organismo fiscalizador, no cumplen con criterios claros de interés comunitario, eficiencia o proporcionalidad presupuestaria.
En el detalle correspondiente a 2024, fueron 12 los municipios de la región que excedieron el promedio nacional de $51 millones. En ese listado aparecen Valparaíso, El Quisco, San Felipe, Zapallar, El Tabo, Quintero, La Calera, Los Andes, Puchuncaví, Calle Larga, Concón y San Esteban, evidenciando una distribución transversal del gasto tanto en comunas costeras como del interior.
La tendencia se repite en 2025, donde 11 municipalidades vuelven a superar el umbral nacional, esta vez fijado en $38 millones. En esta nómina figuran El Quisco, Zapallar, Quillota, Algarrobo, Concón, Villa Alemana, Valparaíso, Puchuncaví, Rinconada, San Esteban y San Felipe, consolidando un escenario que mantiene a la región bajo observación.
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Gastos cuestionados y presión por mayor control
El informe detalla que los recursos observados fueron destinados a celebraciones como Halloween, el Día de la Primavera o el Día de la Sonrisa, actividades que no cuentan con un respaldo normativo o que no están directamente vinculadas al desarrollo comunal, según lo establece la legislación vigente.
Desde la Contraloría se enfatizó que el uso de fondos públicos debe estar estrictamente orientado al bienestar de la comunidad, evitando desembolsos que puedan ser considerados excesivos o alejados de las prioridades locales.
La publicación del listado completo, que incluye a más de 100 municipios a nivel nacional, se dio tras solicitudes de mayor transparencia por parte de autoridades locales, lo que amplificó el alcance del informe inicial y dejó en evidencia la magnitud del fenómeno en regiones como Valparaíso.
Este nuevo antecedente no solo abre un flanco de fiscalización, sino que también instala un debate sobre los límites del gasto municipal en actividades recreativas, especialmente en contextos de restricciones presupuestarias y crecientes demandas sociales.
El informe podría derivar en nuevas revisiones administrativas y eventuales responsabilidades, en un escenario donde la ciudadanía exige mayor control y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
