La Contraloría General de la República (CGR) inició una fiscalización en el Palacio de La Moneda para revisar los gastos asociados al cambio de mando presidencial y el funcionamiento de la Oficina del Presidente Electo (OPE), en un proceso que pone bajo escrutinio el uso de recursos públicos en la antesala de la actual administración.
De acuerdo con información consignada por Radio Bío Bío, funcionarios del organismo contralor llegaron durante la mañana de este jueves hasta la Dirección Administrativa de la Presidencia para llevar adelante las diligencias, las que se realizan de oficio y se enfocan en pagos efectuados entre el 9 de enero y el 10 de marzo de 2026, es decir, un día antes de la asunción del Presidente José Antonio Kast.
Los antecedentes preliminares apuntan a desembolsos vinculados a labores de apoyo directo al entonces mandatario electo, incluyendo coordinación logística, preparación del cambio de mando y tareas comunicacionales. Estos pagos, según reportes de transparencia, aparecen registrados principalmente en los meses de febrero y marzo.
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Pagos y asesorías bajo revisión
Entre los nombres incluidos en los registros figuran abogados, ingenieros comerciales, expertos en gestión y periodistas que habrían prestado servicios durante el periodo de transición. Los montos pagados varían, abarcando desde cifras cercanas a los $333 mil hasta montos superiores al millón y medio de pesos.
Si bien en un inicio se informó que la revisión apuntaba exclusivamente a integrantes de la OPE, posteriormente se precisó que la fiscalización abarca el funcionamiento general de esta instancia, lo que amplía el alcance del análisis sobre el uso de recursos en esta etapa.
La indagatoria de la Contraloría se da en un contexto de creciente atención sobre la transparencia en el gasto público, especialmente en procesos sensibles como el cambio de mando presidencial. Con esta revisión, el organismo busca determinar si los recursos fueron utilizados conforme a la normativa vigente y bajo criterios de eficiencia y legalidad.
De esta forma, la fiscalización en curso podría marcar un precedente respecto a cómo se gestionan y supervisan los recursos en periodos de transición gubernamental, instalando nuevamente el debate sobre los estándares de probidad en la administración del Estado.
