El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota dictó duras condenas contra cuatro integrantes de la facción criminal “Los hijos de Dios”, vinculada al Tren de Aragua, por una serie de delitos violentos cometidos en la comuna entre 2023 y comienzos de 2024.
En total, las penas superan los 116 años de presidio efectivo, incluyendo dos condenas de presidio perpetuo, tras acreditarse su participación en delitos de homicidio simple y calificado, además de porte ilegal de armas de fuego, municiones y robos.
Según explicó el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Valparaíso, José Uribe, los hechos se enmarcan en un intento de la organización por instalar control territorial en Quillota, lo que derivó en una escalada de violencia en la zona.
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Intento de control territorial y crímenes violentos
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los delitos fueron perpetrados en el contexto de la expansión de esta banda extranjera, que buscaba consolidar su presencia mediante acciones criminales de alta gravedad.
Los condenados fueron identificados como Sergio Galvis Moreno, Jonathan Badillo Carvajal, Leonardo Guevara Díaz y Sergio Balladares Barrera, todos adultos. Entre ellos, dos son de nacionalidad venezolana, uno colombiano y uno chileno.
El fiscal Uribe valoró las penas impuestas, destacando que se trata de sanciones acordes a la gravedad de los delitos cometidos. “Con estas altas condenas, el Ministerio Público está plenamente conforme por la sanción impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal para hechos tan graves”, señaló.
El fallo marca un nuevo golpe a estructuras del crimen organizado que han intentado operar en la Región de Valparaíso, en un contexto donde las autoridades han intensificado las investigaciones para frenar la expansión de bandas transnacionales en el país.
Con esta sentencia, el sistema judicial busca no solo sancionar los delitos cometidos, sino también enviar una señal clara frente a organizaciones criminales que intentan instalarse en el territorio, reafirmando el rol del Estado en la persecución penal de este tipo de estructuras.
