El exdiputado Joaquín Lavín León enfrenta este lunes su formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco de una investigación del Ministerio Público por un presunto fraude al fisco que superaría los $100 millones, asociado al uso de asignaciones parlamentarias.
La causa, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, apunta a la existencia de un mecanismo destinado, según los persecutores, a desviar recursos públicos con fines personales y eventualmente electorales. Todo esto, en una audiencia que se desarrolla en tiempo real y que marca un punto clave en el avance del caso.
De acuerdo con los antecedentes, el eventual perjuicio fiscal ascendería a $104 millones, cifra que sitúa al exparlamentario en el centro de una investigación por delitos vinculados a la administración pública, tras quedar fuera del Congreso y sin fuero.
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Plataforma, facturas y la tesis de la Fiscalía
Uno de los focos de la indagatoria es la plataforma SocialTazk, cuyo desarrollo habría costado cerca de $93 millones. Aunque fue presentada como una herramienta de apoyo a la labor legislativa, la fiscalía sostiene que su uso real estaba orientado a fines electorales, financiados con recursos públicos.
En esta arista también aparece el nombre de Felipe Vásquez, vinculado al desarrollo del sistema, lo que es rechazado por la defensa del exdiputado.
El abogado defensor, Cristóbal Bonacic, desestimó los cargos y apuntó a fallas administrativas. “No existe ninguna diligencia que acredite la existencia de este supuesto fraude al fisco”, afirmó, insistiendo en que los hechos corresponden a errores propios del funcionamiento de una oficina parlamentaria.
Por su parte, desde el Ministerio Público han enfatizado la gravedad de los antecedentes. El director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, sostuvo que se trata de hechos de “alta corrupción”, vinculados al uso de facturas que habrían sido presentadas para cobro ante el Congreso.
El proceso se da tras el desafuero del exdiputado, resuelto por la Corte Suprema de Chile, lo que permitió avanzar en su formalización, aunque acotando la causa a delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
Con la audiencia en desarrollo, se espera conocer las medidas cautelares que solicitará la fiscalía en un caso que mantiene alta atención pública por su impacto político y judicial.
