La crisis política que afecta al Concejo Municipal de San Felipe sumó un nuevo capítulo luego de que la alcaldesa Carmen Castillo y cinco concejales presentaran una solicitud ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso para buscar la destitución del edil Ronald Olivares por una eventual falta a la probidad administrativa.
La acción fue impulsada tras la controversia generada por la denuncia de un presunto secuestro realizada por Olivares a comienzos de año, versión que posteriormente fue descartada por el propio concejal, quien reconoció haber salido a consumir alcohol y drogas durante una capacitación realizada en Viña del Mar.
Junto a la jefa comunal, la presentación ante el TER fue respaldada por los concejales Basilio Muena, César Lazo, Guillermo Lillo, Juan Carlos Sabaj y Ricardo Covarrubias, quienes apuntan a esclarecer responsabilidades y evaluar la permanencia del edil en el cargo.
Tras concretar la acción judicial, la alcaldesa señaló que buscan que “se determine lo que corresponda de acuerdo a la legalidad en este caso”, agregando que la situación generó repercusiones a nivel nacional debido a la gravedad de las declaraciones realizadas inicialmente por el concejal.
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Acusan falta de transparencia y daño institucional
Desde el Concejo Municipal también cuestionaron la contradicción entre el discurso público de Olivares y los hechos conocidos posteriormente. Uno de los ediles que respaldó la solicitud sostuvo que el concejal insistía constantemente en la importancia de la transparencia, pero que la situación terminó afectando la credibilidad institucional del municipio.
El caso se remonta a enero de 2025, cuando Ronald Olivares denunció ante Carabineros de Chile haber sido víctima de un secuestro mientras participaba en actividades oficiales fuera de la comuna. Sin embargo, con el paso de los días cambió su versión y reconoció que permaneció en un ruco consumiendo sustancias ilícitas junto a otras personas.
Según explicaron las autoridades comunales, el proceso ante el Tribunal Electoral Regional podría extenderse por varios meses, debido a las etapas legales que contempla este tipo de procedimientos.
Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones políticas en San Felipe y mantiene bajo presión al concejal, cuya continuidad en el cargo quedará ahora en manos de la justicia electoral.
