El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez, en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción vinculados al uso irregular de recursos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias.
La resolución se adoptó tras extensas jornadas de formalización, donde el juez Daniel Urrutia consideró acreditados los antecedentes expuestos por el Ministerio Público respecto a delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. En el caso de Domínguez, además, se sumaron imputaciones por cohecho, delito electoral y delito tributario.
Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que la libertad de ambos imputados representa “un peligro para la sociedad”, considerando la gravedad de los hechos investigados, la reiteración de delitos y las altas penas asociadas a los ilícitos atribuidos.
La investigación tendrá un plazo de 90 días y, tras la resolución judicial, Joaquín Lavín León abandonó el tribunal esposado.
Fiscalía apunta a fraude por más de $104 millones
De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía, el eventual perjuicio fiscal superaría los $104 millones, recursos que habrían sido utilizados mediante un mecanismo destinado a financiar gastos personales y actividades políticas utilizando fondos públicos.
Uno de los puntos más delicados de la causa está relacionado con la presunta utilización de facturas falsas rendidas ante el Congreso Nacional para justificar gastos operacionales inexistentes.
Según reveló BBCL Investiga, parte de los dineros habrían sido utilizados para saldar una deuda personal que el entonces parlamentario mantenía con la imprenta MMG, empresa ligada a trabajos de campañas políticas de figuras vinculadas a la UDI.
El propietario de la imprenta declaró ante Fiscalía que, tras insistir por el pago de servicios adeudados que superaban los $8 millones, se advirtió incluso la posibilidad de iniciar acciones judiciales para recuperar el dinero.
La tesis de los persecutores sostiene que, posteriormente, se habrían presentado documentos ideológicamente falsos al Congreso para obtener reembolsos con cargo a asignaciones parlamentarias.
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Defensa insiste en que hubo errores administrativos
Pese a la contundencia de los antecedentes expuestos en audiencia, la defensa de Joaquín Lavín León rechazó la existencia de delitos y sostuvo que las irregularidades detectadas corresponderían a errores administrativos propios del funcionamiento de oficinas parlamentarias.
Sin embargo, el tribunal acogió los argumentos de Fiscalía y resolvió aplicar la medida cautelar más gravosa mientras continúan las diligencias para esclarecer el presunto esquema de corrupción.
Con esta resolución, el caso entra en una nueva etapa judicial y se transforma en una de las investigaciones por corrupción política más complejas y mediáticas de los últimos meses en Chile.
