La propuesta apunta a fortalecer los procesos migratorios y facilitar la identificación de personas en situación irregular.
NACIONAL.- El Gobierno ingresó una nueva indicación al proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsiones administrativas, iniciativa que actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado.
La propuesta contempla que organismos públicos y privados vinculados a salud, previsión y educación deban entregar información relacionada con extranjeros que mantengan procesos migratorios en curso.
Instituciones deberán entregar antecedentes migratorios
La indicación fue presentada en la comisión de Gobierno del Senado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
La norma establece que organismos de la administración del Estado, instituciones previsionales, entidades de salud y establecimientos educacionales deberán proporcionar antecedentes requeridos por la autoridad migratoria y la Contraloría.
Entre los datos solicitados podrían incluirse domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes asociados a personas extranjeras sujetas a procedimientos migratorios.
La medida incluiría a Fonasa, Isapres y establecimientos educacionales
De aprobarse la iniciativa, la obligación alcanzaría a organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles, tanto públicos como privados. El objetivo de la propuesta es fortalecer los mecanismos de identificación de migrantes en situación irregular mediante información recopilada desde distintos servicios donde estas personas acceden a prestaciones o beneficios.
Además, el Ejecutivo busca agilizar los procedimientos administrativos vinculados a sanciones migratorias y expulsiones.
Información tendría carácter reservado
El proyecto establece que los antecedentes recopilados deberán mantenerse bajo reserva y utilizarse únicamente para fines migratorios específicos, conforme a la legislación vigente sobre protección de datos personales.
La iniciativa forma parte de la agenda impulsada por el Gobierno en materia de control migratorio y seguridad, en medio del debate legislativo sobre nuevas herramientas para reforzar la fiscalización de extranjeros en situación irregular en el país.
