Un importante respaldo judicial recibió la Tesorería General de la República (TGR) luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara de manera unánime cuatro recursos de protección presentados por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), validando la legalidad de los procedimientos de cobro y embargo aplicados por el organismo.
La resolución representa un nuevo precedente en medio del debate nacional sobre las acciones de cobranza impulsadas contra personas que mantienen deudas asociadas al financiamiento estudiantil y que se encuentran en situación de morosidad.
Los recurrentes argumentaban que las facultades utilizadas por la Tesorería se sustentaban en normas tributarias que, a su juicio, no serían aplicables a obligaciones derivadas del CAE, debido a que estas tendrían una naturaleza civil. Sin embargo, el tribunal descartó la existencia de actuaciones arbitrarias o ilegales por parte del organismo estatal.
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Tribunal respalda facultades de la Tesorería
En su resolución, la Corte estableció que una vez que el Estado activa la garantía asociada al crédito por incumplimiento de pago, corresponde exigir la restitución de los recursos fiscales comprometidos.
Bajo ese escenario, los ministros de la Quinta Sala determinaron que la Tesorería General de la República está facultada para utilizar los mecanismos de cobranza contemplados en la legislación vigente, incluyendo las herramientas establecidas en el Código Tributario.
El fallo se suma a otras decisiones judiciales que han favorecido la posición del organismo fiscal. De hecho, en los últimos meses diversos tribunales del país, incluida la Corte Suprema, han rechazado o declarado inadmisibles acciones similares presentadas por deudores del CAE.
Más de 1.500 personas han sido afectadas por los embargos
La decisión judicial se conoce en momentos en que continúa la polémica por el congelamiento y embargo de fondos bancarios asociados a deudas impagas del Crédito con Aval del Estado.
Según cifras entregadas por la Tesorería General de la República, más de 1.500 personas han sido objeto de estas medidas de cobranza. Los procedimientos se han concentrado principalmente en contribuyentes con ingresos superiores a los $3,5 millones mensuales que mantienen obligaciones pendientes y no han regularizado su situación.
Tras conocerse el fallo, la institución reiteró el llamado a los usuarios morosos a acercarse a los canales de atención disponibles para explorar alternativas de pago y normalización de sus deudas.
La resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fortalece la postura de la Tesorería en medio de la discusión sobre el futuro del CAE y las medidas de recuperación de recursos públicos asociados a este sistema de financiamiento estudiantil.
