Por Daniela Muñoz C.
Dos mujeres fueron detenidas en la comuna de Santiago luego de intentar sobornar a funcionarios de Carabineros durante un procedimiento policial relacionado con la incautación de drogas. El hecho quedó registrado en video y ocurrió en medio de una fiscalización preventiva realizada en el sector de Fray Camilo Henríquez con 10 de Julio.
Según los antecedentes entregados por la policía, una de las involucradas fue controlada por personal uniformado, quienes al revisar sus pertenencias encontraron distintos envoltorios que contenían sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y cocaína.
Tras el hallazgo, la mujer habría ofrecido dinero a los funcionarios con el objetivo de evitar su detención. Minutos después llegó una segunda persona, quien se sumó al intento de soborno entregando dinero en efectivo para impedir que continuara el procedimiento policial.
La situación fue rechazada de inmediato por los efectivos policiales, quienes mantuvieron el procedimiento conforme a la normativa vigente.
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Ofrecieron más de 170 mil pesos para evitar el arresto
De acuerdo con la información conocida, entre ambas mujeres reunieron un total de 171 mil pesos en efectivo para intentar recuperar su libertad y evitar las consecuencias derivadas de la fiscalización.
Sin embargo, lejos de revertir la situación, la acción derivó en una nueva acusación en su contra por el delito de cohecho, además de la infracción a la Ley de Drogas detectada inicialmente durante el control policial.
Las detenidas corresponden a dos ciudadanas de nacionalidad dominicana, de 26 y 36 años, quienes fueron trasladadas hasta la Cuarta Comisaría de Santiago para continuar con el procedimiento correspondiente y quedar a disposición de la justicia.
Procedimiento quedó registrado en video
El caso generó amplia repercusión luego de que se difundieran imágenes del procedimiento, donde quedó registrado el momento en que las mujeres intentan ofrecer dinero a los funcionarios policiales.
Desde Carabineros reiteraron que cualquier intento de soborno constituye un delito y que los procedimientos policiales deben desarrollarse dentro del marco legal establecido.
El hecho vuelve a poner en evidencia la labor de fiscalización que realiza la institución en distintos puntos de la capital y las consecuencias que enfrentan quienes buscan obstruir o alterar el actuar policial mediante incentivos económicos.
