Una grave situación administrativa fue denunciada por concejales de la comuna de Limache, luego de constatar que el Cuartel de Seguridad Pública municipal estaría operando con suministro activo de agua potable sin contar con un contrato vigente con la empresa sanitaria ni con registros formales de facturación o pagos asociados, pese a llevar más de un año en funcionamiento.
Los concejales Victoria Ladrón de Guevara (Partido Republicano) y Álvaro Zamora (Partido Socialista) informaron que los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de la Contraloría Regional, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y el Poder Judicial, con el objetivo de que se determinen eventuales responsabilidades administrativas y se adopten medidas de regularización.
De acuerdo con lo señalado por los ediles, la situación fue detectada tras una denuncia anónima y posteriormente verificada a través de su rol fiscalizador, mediante inspecciones en terreno y solicitudes formales de información al municipio. Según indicaron, el cuartel —inaugurado en febrero del año pasado— cuenta con empalme y medidor operativo, sin que exista claridad sobre una relación contractual válida para el suministro de agua potable.
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La concejala Victoria Ladrón de Guevara explicó que la decisión de denunciar responde estrictamente a una obligación legal. “Aquí no hay política, hay legalidad administrativa. Mi deber como concejal y abogada es actuar cuando existen antecedentes objetivos y está comprometido el uso de recursos públicos”, sostuvo.
En la misma línea, agregó que omitir una acción ante estos hechos habría significado incumplir sus funciones fiscalizadoras. “El Estado y los municipios deben ser ejemplo de cumplimiento de la ley, especialmente cuando se trata de un recinto clave para la seguridad de la comunidad”, afirmó.
Por su parte, el concejal Álvaro Zamora señaló que las verificaciones realizadas en terreno confirmaron la situación irregular. “Constatamos que el cuartel tenía agua y medidor funcionando, pero no existía pago del consumo; por eso recurrimos a las instancias fiscalizadoras ante la posibilidad de un uso irregular del recurso”, indicó.
En cuanto a los antecedentes recabados, se informó que, según datos entregados por la empresa sanitaria ESVAL, existirían dos factibilidades emitidas durante los años 2023 y 2024, además de una solicitud de servicio provisorio que no habría sido finalizada por el solicitante.
Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios se advirtió que la responsabilidad de regularizar la situación recae en la Ilustre Municipalidad de Limache, en su calidad de propietaria del inmueble, instruyendo que el problema sea corregido “a la brevedad”. Asimismo, se alertó que, de persistir la irregularidad, el suministro podría ser calificado como conexión clandestina, lo que eventualmente podría configurar la figura de “robo de agua”, conforme a lo establecido en la Ley 18.119, con sanciones y multas asociadas.
Otro aspecto que mantiene en alerta a los concejales es el estado administrativo del inmueble. Según información preliminar del municipio, el cuartel contaría con una “recepción provisoria”, sin que hasta ahora se haya entregado documentación que permita determinar con certeza el alcance y validez de dicha autorización. Por este motivo, ya se solicitó formalmente la entrega de resoluciones, certificados y antecedentes técnicos que respalden la habilitación del recinto.
La concejala Ladrón de Guevara enfatizó que la gravedad del caso radica en que se trata de un recinto público con funciones estratégicas para la comuna. “Un cuartel de seguridad debe operar conforme a la normativa vigente. Cualquier irregularidad no solo expone al municipio, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía”, concluyó.
