La contratación de la producción integral y transmisión televisiva de la Expo Quillota 2026 quedó bajo cuestionamiento luego de que la Fundación Fuerza Ciudadana presentara una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso. La organización solicitó revisar la legalidad del contrato adjudicado por $400 millones y aclarar las condiciones bajo las cuales Mega transmitirá parte del evento.

La licitación fue adjudicada a Carola Henríquez Productora E.I.R.L. e incluye la producción general, la provisión artística y la transmisión televisiva de la feria, programada entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre. La Municipalidad de Quillota informó que tres de las cuatro jornadas serán emitidas por Mega.

La fundación sostiene que existen interrogantes sobre los derechos de transmisión y su explotación comercial, así como sobre los beneficios económicos que recibiría el municipio por esos derechos. Por ello, pidió que el organismo fiscalizador examine los contratos, las autorizaciones involucradas y la protección de los recursos y activos municipales.

Uno de los puntos centrales de la presentación es que las bases de la licitación contemplan una licencia temporal, exclusiva y restringida para el canal asociado a la oferta, con posibilidades de difusión por televisión abierta, plataformas digitales y otros medios. También incluyen usos comerciales y publicitarios de los contenidos, según los antecedentes expuestos por la fundación.

La organización advierte que no está claro qué contraprestación económica recibiría la Municipalidad de Quillota por la explotación de esos derechos. Por ello, solicitó que se determine si existe un título municipal válido para autorizar la transmisión exclusiva, quién lo otorgó y cuáles son las condiciones pactadas.

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Fundación pide revisar contrato, ingresos y garantías

En la denuncia, Fundación Fuerza Ciudadana también solicita examinar si la participación de Mega se ajusta a las condiciones de la licitación, particularmente a las reglas sobre subcontratación y prohibición de ceder el contrato. Además, pide verificar las garantías exigidas, las autorizaciones correspondientes y la imputación presupuestaria del gasto.

Como argumento, la organización compara el modelo de Quillota con el de Viña del Mar, donde —según expone en su denuncia— el acuerdo para los festivales de 2025 a 2028 contempló pagos de Mega y Bizarro por los derechos asociados a esos eventos. La fundación cuestiona que en Quillota el municipio financie la producción sin que, a su juicio, esté suficientemente transparentado el eventual retorno económico por la transmisión.

La licitación de Quillota, por su parte, fue aprobada por el Concejo Municipal y adjudicada por $400 millones para un servicio integral que incluye artistas, soporte técnico y televisión. La documentación pública identifica a Carola Henríquez Productora E.I.R.L. como la empresa adjudicataria.

La presentación ante Contraloría busca que se requieran los antecedentes contractuales y se emita un pronunciamiento sobre la legalidad de las condiciones acordadas, la protección de los recursos municipales y el destino de los ingresos vinculados al evento. La denuncia no constituye por sí misma una resolución sobre eventuales irregularidades, por lo que serán los antecedentes que examine el organismo fiscalizador los que permitirán determinar si corresponde adoptar medidas.