Una nueva polémica se instaló en el mundo político luego de las duras declaraciones de la periodista Alejandra Valle contra la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, en medio de la controversia por la denominada “cuota Flores” y la filtración de antecedentes relacionados con el proceso de divorcio de la parlamentaria.

Durante una emisión del programa “La Voz de los que Sobran”, Valle cuestionó públicamente a la legisladora y vinculó las acusaciones surgidas en torno al uso de asignaciones parlamentarias con el caso que actualmente mantiene a Flores bajo atención pública.

“Les encanta decir que el Estado tiene que achicarse, pero ellos se han enriquecido a costa del Estado”, afirmó la periodista al abordar la situación de la parlamentaria.

La comunicadora también reaccionó a las declaraciones emitidas previamente por Camila Flores, quien pidió actuar con “responsabilidad y respeto” frente a la difusión de antecedentes relacionados con la demanda presentada por su exesposo, Percy Marín.

Sin embargo, Alejandra Valle endureció sus cuestionamientos y lanzó acusaciones respecto al supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a cercanos de la senadora.

“Utilizó recursos públicos, las asignaciones parlamentarias, para pagarle a amigos y a amantes”, sostuvo la periodista durante el programa.

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Polémica crece tras filtración de antecedentes personales

Las declaraciones de Alejandra Valle se producen luego de que durante los últimos días se difundieran antecedentes relacionados con el proceso de divorcio entre Camila Flores y Percy Marín, situación que rápidamente generó repercusión política y mediática.

En ese contexto, la senadora había manifestado públicamente su molestia por la filtración de información privada y llamó a abordar el tema con prudencia.

Pese a ello, el caso continuó escalando luego que distintos sectores comenzaran a debatir sobre el eventual uso de asignaciones parlamentarias y posibles irregularidades asociadas al manejo de recursos públicos.

Hasta ahora, la parlamentaria no ha respondido directamente a las declaraciones realizadas por la periodista durante el programa digital.

La controversia sigue generando reacciones en redes sociales y en el ámbito político, especialmente por el tono de las acusaciones y el impacto mediático que ha tenido la filtración de antecedentes personales vinculados a la senadora.

Ale Valle y la hipocresía de Camila Flores: “Tiene el descaro de pedir privacidad después de usar la plata de todos los chilenos” pic.twitter.com/C5JhBIomLa

— La Voz De Los Que Sobran (@losquesobrancl) May 27, 2026

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Una nueva controversia enfrenta la senadora Camila Flores luego que el Servicio Electoral (Servel) rechazara gran parte de los gastos rendidos por su campaña parlamentaria 2025, dejando sin reembolso estatal más de $122 millones que habían sido solicitados por su equipo.

Según antecedentes dados a conocer recientemente, la parlamentaria de Renovación Nacional presentó una solicitud de devolución por cerca de $143,5 millones en gastos electorales, aunque el organismo electoral solo aprobó alrededor de $21 millones en una primera revisión.

Entre las observaciones realizadas por el Servel aparecen inconsistencias administrativas, falta de respaldo documental y gastos no declarados relacionados a distintos servicios de campaña. Dentro de los montos cuestionados figuran pagos millonarios a empresas vinculadas a herramientas digitales, publicidad y asesorías comunicacionales.

Además, parte de los antecedentes detectados por el organismo habrían sido derivados a la Unidad de Procedimientos Sancionatorios luego de cruces tributarios realizados con información del Servicio de Impuestos Internos.

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Camila Flores acusa versión “parcial” y defiende legalidad de los gastos

Tras la difusión del caso, la senadora salió al paso de las críticas y aseguró que la información publicada presenta antecedentes incompletos respecto al proceso administrativo que actualmente sigue en revisión ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Desde el entorno de la parlamentaria sostuvieron que la candidatura ya recibió el reembolso de más del 70% de los gastos presentados, afirmando que la discusión pendiente corresponde solo a una parte de los montos originalmente rendidos.

En esa línea, Flores cuestionó que no se considerara su versión antes de la publicación de los antecedentes y aseguró que los gastos observados cuentan con documentación tributaria válida.

La senadora también acusó que se estaría intentando vincular este proceso administrativo con otras investigaciones que actualmente enfrenta, entre ellas la indagatoria conocida como “La Cuota Flores”, donde la Fiscalía investiga un presunto fraude al fisco relacionado con aportes de asesores parlamentarios.

Pese a la polémica, desde el equipo de la legisladora recalcaron que existe tranquilidad respecto de los antecedentes presentados y no descartaron ejercer acciones de rectificación frente a publicaciones que consideren erróneas o tendenciosas.

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NACIONAL.- La directiva de Renovación Nacional decidió enviar al Tribunal Supremo del partido a la senadora Camila Flores, en medio de la investigación que enfrenta por un presunto fraude reiterado al fisco.

La medida fue adoptada pese a que, habitualmente, este tipo de procedimientos internos se realizan cuando existe una formalización judicial. Sin embargo, la gravedad de los antecedentes conocidos en las últimas semanas llevó a RN a derivar el caso a su instancia disciplinaria.

Nuevos antecedentes complican a la senadora

La investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso apunta a presuntas irregularidades relacionadas con asignaciones parlamentarias durante el periodo en que Flores ejercía como diputada.

En los últimos días se conocieron nuevos testimonios que complican a la parlamentaria. Uno de ellos fue el de Patricia López, cuidadora que aseguró haber trabajado para Flores sin contrato y recibiendo pagos únicamente en efectivo. A esto se suma la declaración del exasesor Julio Lillo ante la Fiscalía, quien aseguró que Flores le pidió entregar parte de su sueldo a la secretaria Yolanda Olfos.

La denominada “cuota Flores”

El origen del caso se remonta a octubre del año pasado, cuando una denuncia anónima acusó que la parlamentaria habría exigido dinero a funcionarios contratados con recursos públicos correspondientes a asignaciones parlamentarias.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la investigación, esta práctica conocida como la “cuota Flores” habría comenzado en 2018 y se habría extendido por cerca de siete años. El eventual fraude investigado alcanzaría aproximadamente los $300 millones.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía el levantamiento del secreto bancario de la legisladora, como parte de las diligencias para esclarecer el origen y destino de los recursos investigados.

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VALPARAÍSO.- La senadora Camila Flores se refirió a las diligencias realizadas este miércoles en el Congreso, luego de que personal de la Fiscalía Regional de Valparaíso y de la Policía de Investigaciones de Chile llegara hasta la Cámara de Diputados de Chile para tomar declaraciones en el marco de una investigación en curso.

La indagatoria se relaciona con un presunto fraude al Fisco vinculado al uso de asignaciones parlamentarias, causa que actualmente es llevada por el Ministerio Público. A través de un comunicado, la parlamentaria afirmó que ha colaborado desde el inicio con las autoridades.

“Desde el primer momento hemos colaborado plenamente con la investigación, entregando voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos, incluyendo nuestras cartolas bancarias”, señaló.

Asimismo, indicó que los procedimientos realizados forman parte de un proceso normal dentro de una investigación.

“Entendemos que las diligencias desarrolladas forman parte de los procedimientos habituales y corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso”, agregó.

Finalmente, la senadora manifestó tranquilidad frente al proceso y aseguró confiar en su resultado.

“Tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”, concluyó.

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Un operativo policial en pleno Congreso Nacional encendió las alertas durante la jornada de este miércoles, luego de que equipos especializados realizaran diligencias en la oficina de la senadora Camila Flores, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco.

El procedimiento se desarrolló en dependencias del Senado en Valparaíso, donde personal especializado efectuó peritajes e incautó equipos computacionales, como parte de las acciones instruidas por la Fiscalía Regional. La causa apunta a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias durante el periodo en que la legisladora se desempeñó como diputada.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la indagatoria se originó tras la difusión de información que da cuenta de un posible mecanismo mediante el cual se habrían desviado recursos públicos, incluyendo la eventual devolución de parte de los sueldos por parte de colaboradores, práctica que está siendo investigada por el Ministerio Público.

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Investigación en curso y nuevas aristas

Las diligencias se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de resguardo, manteniéndose sectores del Congreso restringidos mientras se desarrollaban los peritajes. Desde el Senado informaron que se otorgaron todas las facilidades necesarias para el trabajo de los equipos investigadores, en línea con su deber de colaboración con la justicia.

 

En paralelo, la investigación contempla diversas líneas que buscan establecer la eventual existencia de delitos funcionarios y determinar responsabilidades. Entre ellas, se analiza la trazabilidad de los recursos involucrados, apoyada en antecedentes como registros financieros y testimonios de personas vinculadas al equipo de trabajo de la parlamentaria.

Asimismo, no se descarta que la causa pueda ampliarse a otras aristas, incluyendo eventuales vínculos con gestiones de interés en el ámbito legislativo, lo que mantiene el caso en permanente desarrollo.

 

Por ahora, las diligencias continúan bajo reserva, mientras el Ministerio Público avanza en la recopilación de antecedentes que permitan esclarecer los hechos y definir los pasos a seguir en una investigación que ya genera repercusiones en el ámbito político.

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La senadora Camila Flores se refirió públicamente a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso por un eventual fraude al fisco, causa que fue revelada en un reportaje televisivo y que indaga hechos ocurridos durante el período en que ejercía como diputada.

La indagatoria es desarrollada por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y apunta a posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos asociados a su equipo de trabajo parlamentario. Según los antecedentes conocidos, la investigación busca determinar si existieron eventuales devoluciones de dinero por parte de colaboradores, lo que podría configurar el delito de fraude al fisco reiterado.

Desde el Congreso Nacional, la parlamentaria rechazó las acusaciones y aseguró que no existe ningún ilícito en su actuar, afirmando que la denuncia tendría una intencionalidad específica detrás.

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Senadora asegura que continuará con su labor política

Durante sus declaraciones, Flores enfatizó que la investigación no la intimidará y que continuará desempeñando su rol público mientras se desarrolla el proceso.

“No me van a amedrentar, no me van a callar y voy a seguir dedicándome principalmente a mi labor de madre, cuidando a mi hija con todas mis fuerzas, dando lo mejor para ella. Por otro lado, dedicándome con la misma fuerza y con la misma valentía que lo he hecho en mi labor, en este caso, como senadora de la República, sin dejarme amedrentar ni a callar y compatibilizando, como siempre lo he hecho, mi labor de madre y mi labor como servidora pública, más allá de las intenciones mañosas de quien haya querido hacerme daño a través de esta denuncia anónima”, señaló Camila Flores. 

En la misma instancia, la parlamentaria sostuvo que aún no tiene acceso a la carpeta investigativa, aunque aseguró que con el paso de los días ha ido formándose una idea sobre el posible origen de la denuncia.

 

El caso se conoció tras un reportaje emitido por Canal 13, que dio cuenta de la investigación liderada por el Ministerio Público respecto de eventuales irregularidades en el uso de recursos parlamentarios durante el período en que Flores integró la Cámara de Diputadas y Diputados.

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Dirigentes de Renovación Nacional salieron públicamente a respaldar a la senadora Camila Flores, luego de que se conociera una investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso por un eventual fraude al fisco relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias.

Desde la colectividad oficialista recalcaron que, por ahora, no corresponde aplicar sanciones internas y enfatizaron que se debe respetar el principio de presunción de inocencia mientras se desarrollan las diligencias del Ministerio Público de Chile.

La indagatoria surge a partir de una denuncia reservada que apunta a una supuesta apropiación de parte de los sueldos de asesores parlamentarios, antecedentes que actualmente están siendo recopilados por la Fiscalía para determinar si existen responsabilidades penales.

RN descarta medidas disciplinarias

Desde la directiva del partido reiteraron que la parlamentaria está dispuesta a colaborar con la investigación y subrayaron que el procedimiento se encuentra en una etapa preliminar, por lo que no corresponde adoptar sanciones internas mientras no exista una formalización.

En esa línea, la presidenta de RN, Andrea Balladares, sostuvo que es fundamental que la justicia actúe con rapidez para esclarecer los hechos, señalando que los casos que se prolongan en el tiempo terminan afectando la confianza pública en las instituciones.

Una postura similar manifestó el diputado Andrés Celis, quien descartó que el partido adopte medidas disciplinarias inmediatas, insistiendo en que la investigación debe avanzar antes de emitir juicios políticos o sanciones.

Desde el partido también recalcaron que existe un criterio interno claro: cuando un militante es formalizado por la justicia, se suspenden sus derechos partidarios, pero mientras eso no ocurra debe primar el respeto a las garantías constitucionales.

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Frente Amplio acusa “encubrimiento”

La postura de RN generó críticas desde el Frente Amplio, particularmente del diputado Jorge Brito, quien cuestionó que el partido descarte sanciones en medio de la investigación.

El parlamentario sostuvo que, si se confirman los antecedentes denunciados, se trataría de un caso grave de uso indebido de recursos públicos, por lo que llamó a colaborar activamente con la Fiscalía para esclarecer los hechos.

Brito además advirtió que la forma en que el partido enfrente esta situación marcará la señal política que se entregue respecto a la probidad en el manejo de fondos públicos.

Por ahora, la investigación continúa en etapa preliminar, mientras se recopilan antecedentes para determinar si existen irregularidades en el manejo de asignaciones parlamentarias vinculadas a la senadora.

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La Contraloría General de la República inició una investigación administrativa luego de recibir una denuncia que apunta a un eventual uso irregular de licencias médicas por parte de Verónica Oporto González, funcionaria de Gendarmería de Chile y madre de la diputada y senadora electa por Valparaíso, Camila Flores.

El ente fiscalizador ya remitió un oficio a la institución penitenciaria solicitando información detallada sobre la situación contractual y los antecedentes laborales de la funcionaria, con el objetivo de evaluar si existen irregularidades en el uso de reposos médicos. Según trascendió, la denuncia fue ingresada el pasado 11 de febrero.

El caso tomó mayor notoriedad luego de que se conociera que la parlamentaria ofició al seremi de Bienes Nacionales de la región de Los Ríos para consultar sobre la inscripción de un inmueble en Futrono a nombre de su madre. La denuncia sostiene que, en paralelo a ese trámite, Oporto González habría hecho uso de licencias médicas para desplazarse a la zona, lo que motivó las sospechas expuestas ante Contraloría.

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Registros públicos dan cuenta de que la funcionaria se desempeñaba como personal a contrata en grado 12 al menos en 2018. También se ha mencionado que su incorporación al servicio coincidió con el periodo en que la hoy parlamentaria ejercía funciones en la institución. No obstante, desde 2023 la publicación de nóminas actualizadas presenta restricciones de acceso, lo que limita la verificación pública de antecedentes recientes.

Tras recibir el requerimiento del organismo contralor el 17 de febrero, Gendarmería dispone de un plazo de cinco días hábiles para remitir la información solicitada, el que podría ampliarse conforme a la normativa vigente. Hasta ahora, ni el equipo de la diputada ni la institución han emitido declaraciones oficiales sobre el fondo de la denuncia. La investigación se mantiene en etapa preliminar y será la Contraloría la que determine si corresponde iniciar un procedimiento disciplinario u otras acciones administrativas.

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