La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) reconoció haber entregado información incorrecta a la Superintendencia del Medio Ambiente en relación con reportes ambientales correspondientes a sus operaciones en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. La situación fue expuesta durante una sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se abordaron las irregularidades detectadas en los registros presentados por la estatal.

Las inconsistencias están vinculadas al cumplimiento de parámetros ambientales relacionados con emisiones y procesos de recuperación de compuestos contaminantes, especialmente aquellos asociados al azufre. Según se informó, la empresa identificó diferencias relevantes en la metodología utilizada para calcular algunos indicadores reportados durante años.

Uno de los puntos más sensibles corresponde a las cifras de recuperación de dióxido de azufre. De acuerdo con los antecedentes entregados ante el Congreso, durante un prolongado período se informó que los niveles de recuperación superaban el 98%, sin embargo, tras corregir los criterios de medición, los porcentajes reales se acercarían al 90%.

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Investigación en curso y sanciones internas

La situación se encuentra actualmente bajo investigación de la Superintendencia del Medio Ambiente, organismo encargado de determinar eventuales responsabilidades y establecer si existieron incumplimientos a la normativa vigente.

En paralelo, ENAP adoptó medidas internas que incluyeron la desvinculación de 16 funcionarios y la presentación de una querella para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso también generó reacciones en el ámbito político y ambiental. Durante una reunión sostenida con los alcaldes de Concón, Quintero y Puchuncaví, la ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa estatal.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Andrés Longton, sostuvo que la situación reviste especial gravedad y planteó la necesidad de profundizar la investigación para esclarecer el impacto que estas inconsistencias pudieron tener en una zona históricamente afectada por episodios de contaminación.

Desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado insistieron en la importancia de fortalecer las capacidades fiscalizadoras de los organismos públicos, con el objetivo de contar con herramientas independientes para verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

Mientras avanza la investigación de la Superintendencia, el caso vuelve a poner en el centro del debate la transparencia de los reportes ambientales y el control de las emisiones en Concón, Quintero y Puchuncaví, territorios que por décadas han estado marcados por conflictos asociados a la contaminación industrial.