NACIONAL.- El presidente José Antonio Kast designó este martes a las nuevas autoridades que encabezarán las subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito, luego de aceptar las renuncias de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

La nueva subsecretaria de Seguridad Pública será María del Pilar Giannini Bravo, cientista política y doctora en Ciencia Política, quien cuenta con experiencia en políticas públicas, modernización institucional y coordinación policial.

En tanto, Gonzalo Guerrero Valle asumirá como subsecretario de Prevención del Delito. El abogado y académico posee una amplia trayectoria en gestión pública, coordinación institucional y diseño de políticas públicas.

Desde La Moneda señalaron que los nombramientos buscan fortalecer la conducción del Ministerio de Seguridad Pública y reforzar la coordinación estatal frente al crimen organizado, la delincuencia y otras amenazas que afectan a la ciudadanía.

Las nuevas autoridades asumirán sus funciones en medio del proceso de reorganización impulsado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tras los recientes cambios en la cartera.

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Un llamativo momento se vivió durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, cuando un intercambio con el senador Iván Flores terminó generando risas en medio de una conversación que inicialmente estaba marcada por cuestionamientos en materia de seguridad.

La escena ocurrió en el Congreso Nacional, donde Flores integró la Comisión de Pórtico encargada de recibir al Mandatario antes de su intervención ante el país. Fue en ese contexto donde el parlamentario aprovechó de plantear sus reparos respecto al funcionamiento del Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, según relató posteriormente a La Tercera, la conversación tomó un giro inesperado cuando el Presidente respondió con una observación que terminó provocando carcajadas.

De acuerdo con el senador, tras escuchar sus planteamientos, Kast le comentó que se había convertido en un “youtuber”, haciendo alusión a las críticas que Flores suele difundir a través de redes sociales cuando considera que sus observaciones no son escuchadas por las autoridades.

El parlamentario explicó al citado medio que respondió defendiendo el uso de estas plataformas para visibilizar temas que considera relevantes para la opinión pública.

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Flores insistió en sus críticas al Ministerio de Seguridad

Más allá del momento distendido, el senador aseguró que su principal preocupación seguía siendo el rumbo que ha tomado el Ministerio de Seguridad y los cambios implementados en su estructura.

Según declaró a La Tercera, uno de sus cuestionamientos apunta a la salida de profesionales que participaban en materias vinculadas a la defensa jurídica del Estado y a la continuidad de distintos procesos relacionados con seguridad.

Flores también manifestó que echó de menos anuncios vinculados a prevención del delito y al fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia durante la Cuenta Pública, aspectos que considera fundamentales para enfrentar el avance del crimen organizado.

El episodio, que combinó críticas políticas con un momento de distensión, no pasó desapercibido y generó comentarios luego de que las imágenes mostraran al senador riendo durante su intercambio con el Presidente, situación que posteriormente explicó en detalle.

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Las principales promesas de Kast en la Cuenta Pública estuvieron marcadas por una batería de anuncios enfocados en seguridad, migración, crecimiento económico y modernización del Estado. A menos de tres meses de asumir el mandato, el jefe de Estado presentó una serie de iniciativas que buscan redefinir el funcionamiento del aparato público y enfrentar algunos de los principales desafíos del país.

Desde el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, Kast delineó las prioridades de su administración, poniendo especial énfasis en el combate al crimen organizado, el control migratorio y la recuperación económica.

Entre las medidas más comentadas destacó la creación del denominado Registro de Vándalos e Incivilidades, una herramienta que incluiría a personas condenadas por delitos contra el orden público, ataques a Carabineros, daños a monumentos y otras conductas consideradas incivilidades, como rayados o destrucción de mobiliario urbano.

Asimismo, anunció el futuro Plan Retorno para migrantes en situación irregular, destinado a incentivar la salida voluntaria del país y acelerar los procesos de expulsión de quienes ingresaron de manera clandestina.

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Seguridad, crecimiento económico y reforma estatal marcan la hoja de ruta

En materia de seguridad, el Mandatario comprometió la creación de equipos especializados para enfrentar fenómenos como el sicariato, los secuestros, el crimen organizado, los ciberdelitos y la violencia en la Macrozona Sur. También adelantó cambios legales para fortalecer las facultades policiales y endurecer diversas medidas penales.

Otro de los anuncios relevantes fue la puesta en marcha de un ambicioso Plan de Infraestructura Penitenciaria, presentado como la mayor modernización del sistema carcelario en más de tres décadas.

En el ámbito económico, el Gobierno fijó como meta alcanzar un crecimiento del 4%, reducir el desempleo al 6% y recuperar al menos 300 mil puestos de trabajo. Además, se comprometió a agilizar proyectos de inversión, impulsar una sala cuna universal y modernizar el sistema tarifario eléctrico.

Respecto a la estructura del Estado, Kast anunció el envío de un proyecto para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno, junto con la creación de una comisión de expertos que evaluará una reducción del número de ministerios y la eliminación de funciones duplicadas.

La agenda también incluyó anuncios en vivienda, salud, educación y políticas sociales, destacando programas para facilitar el acceso a la vivienda, fortalecer la reconstrucción en zonas afectadas por emergencias y reformar el Sistema de Admisión Escolar.

Con estos lineamientos, el Ejecutivo busca instalar las principales prioridades que marcarán el desarrollo de su administración durante los próximos años.

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La política migratoria del Gobierno volvió a instalarse en el centro del debate luego de una entrevista televisiva en la que la periodista Mónica Rincón cuestionó al Presidente José Antonio Kast por el avance de las expulsiones de migrantes en situación irregular.

En conversación con CNN Chile, el Mandatario abordó uno de los compromisos más comentados de su campaña presidencial: la salida de miles de migrantes que permanecen en el país sin regularizar su situación.

Durante la entrevista, Kast reafirmó que su administración mantiene el objetivo de enfrentar la migración irregular y aseguró que el Gobierno continuará impulsando medidas para que quienes se encuentren en esa condición abandonen el país de manera voluntaria o mediante los mecanismos establecidos por la ley.

Sin embargo, la conversación tomó un tono más tenso cuando la periodista puso sobre la mesa el ritmo actual de las expulsiones y el tiempo que, según sus cálculos, tomaría cumplir la meta planteada.

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El intercambio que marcó la entrevista

Según se mostró en la conversación, Mónica Rincón señaló que al ritmo actual el proceso podría tardar más de un siglo en concretarse, afirmando que “a este ritmo se demoran 112 años”.

Ante el cuestionamiento, el Presidente respondió que los resultados no pueden evaluarse únicamente con las cifras actuales, argumentando que la administración trabaja con sistemas heredados del gobierno anterior y que se encuentran implementando nuevas herramientas para agilizar los procesos.

Kast sostuvo además que las condiciones existentes hoy no serán las mismas dentro de algunos meses, por lo que aseguró que las proyecciones deben considerar las medidas que el Ejecutivo espera implementar durante el desarrollo de su mandato.

El intercambio generó reacciones en redes sociales y volvió a poner el foco sobre una de las promesas más debatidas del actual Gobierno, especialmente en materia de control migratorio y capacidad operativa del Estado para ejecutar expulsiones.

Presidente José Antonio Kast por promesa de expulsión de 330 mil migrantes: "Vamos a lograr que los migrantes ilegales abandonen el país, sea voluntariamente o de manera obligatoria"@tv_monica
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— CNN Chile (@CNNChile) June 1, 2026

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REGIÓN.- El Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció una inversión superior a los 7 mil millones de pesos para ejecutar proyectos del Programa de Pavimentación Participativa en la Región de Valparaíso, beneficiando a 27 comunas de todas las provincias.

La iniciativa permitirá mejorar calles, pasajes y veredas, alcanzando a más de 4.700 familias y cerca de 1.177 viviendas de distintos sectores de la región. En total, el programa considera la intervención de 8,6 kilómetros de infraestructura urbana. Entre las obras seleccionadas se contemplan 20 calles, 29 pasajes y 6 proyectos de veredas, financiados principalmente por el Minvu a través del Serviu Valparaíso.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz Fernández, destacó que el programa busca avanzar en soluciones concretas para las comunidades, mejorando la conectividad y las condiciones de vida de los vecinos y vecinas.

Los resultados del llamado 35 del Programa de Pavimentación Participativa ya se encuentran disponibles en el sitio web de Serviu Valparaíso.

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Una nueva controversia política se instaló en el Congreso luego que parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano anunciaran que impulsarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras la polémica generada por una eventual inconsistencia en las proyecciones de deuda fiscal realizadas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

La situación surgió luego de declaraciones del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien apuntó a posibles errores en los cálculos relacionados con el déficit y la trayectoria de la deuda pública.

Desde el Partido Nacional Libertario, el jefe de bancada Cristóbal Urruticoechea aseguró que la situación excede un problema administrativo y que podría afectar seriamente la transparencia fiscal del Estado.

“Cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo”, sostuvo el parlamentario.

En paralelo, desde el Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno confirmó que su bancada respaldará la iniciativa, apuntando a supuestas diferencias entre las cifras proyectadas y la situación financiera encontrada por la actual administración.

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Frente Amplio acusa “show político” por acusación constitucional

Desde el oficialismo, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó duramente el anuncio de la oposición y acusó un intento de polarización política.

La dirigenta sostuvo que el exministro Nicolás Grau ha mostrado disposición para dialogar con el actual Ejecutivo y revisar las diferencias técnicas relacionadas con las estimaciones fiscales.

“Mientras la gente sigue esperando resultados, el Partido Libertario y Kaiser quieren seguir apelando al show con una acusación constitucional sin fundamento”, afirmó.

Tras la polémica, el propio Nicolás Grau publicó un extenso mensaje explicando su postura frente a las acusaciones y cuestionando la rapidez con que el Ministerio de Hacienda instaló la idea de un supuesto error en las proyecciones.

El exsecretario de Estado sostuvo que existen diferencias metodológicas en la interpretación de las cifras y que los cuestionamientos realizados por el actual titular de Hacienda considerarían supuestos que no reflejan completamente la evolución de los informes financieros.

La situación continúa generando tensión política y podría transformarse en uno de los principales focos de enfrentamiento entre oficialismo y oposición durante las próximas semanas.

En este hilo explico por qué el Ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe de IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo

— Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) May 26, 2026

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El gobernador regional de Valparaíso Region, Rodrigo Mundaca, confirmó que los ajustes fiscales impulsados por el Gobierno ya comenzaron a impactar directamente la inversión pública en la zona, provocando la eliminación de 48 iniciativas que beneficiarían a 28 comunas de la región.

La reducción presupuestaria alcanza cerca de 35 mil millones de pesos y afecta proyectos relacionados con deporte, saneamiento, alcantarillado, educación, vivienda y pavimentación.

En declaraciones a Radio Bío Bío, Mundaca advirtió que el escenario obliga al Gobierno Regional a reorganizar prioridades y focalizar los recursos disponibles para este año.

“Los ajustes fiscales sin duda que nos afectan a todas y a todos”, sostuvo la autoridad regional, agregando que una de las principales tareas será priorizar las inversiones más urgentes para las comunas afectadas.

El gobernador también confirmó que durante los últimos días se concretó una importante disminución en la cartera de inversión regional, situación que impactará directamente el desarrollo de distintas obras y proyectos públicos.

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Crece preocupación por efectos en salud y servicios públicos

El debate surge en paralelo al ajuste presupuestario informado por el Ministerio de Salud, medida que, según explicó la cartera, corresponde al 2,5% del presupuesto del sector y que buscaría resguardar la atención directa de pacientes.

Desde el Congreso, el diputado Luis Pardo señaló que los recortes deben aplicarse evitando afectar los servicios esenciales para la ciudadanía, especialmente en áreas sensibles como salud y educación.

El parlamentario además planteó que existe margen para optimizar recursos públicos sin perjudicar las prestaciones dirigidas a la población.

En paralelo, el diputado Andrés Celis ofició al Ministerio de Salud para aclarar si los ajustes podrían significar una reducción cercana a seis mil millones de pesos para la red hospitalaria de Valparaíso.

El documento solicita además información sobre posibles consecuencias en materia de personal, insumos médicos y listas de espera, aspectos que han generado inquietud entre autoridades regionales y usuarios del sistema público de salud.

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NACIONAL.- El Gobierno informó este lunes que una auditoría interna detectó alertas de riesgo fiscal por más de US$9.200 millones correspondientes al período de la administración de Gabriel Boric, instruyendo investigaciones en distintos organismos públicos.

El trabajo fue liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y contempló el análisis de más de 913 millones de datos provenientes de más de 500 servicios públicos entre 2022 y 2026.

Según explicó la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, se detectaron “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos, antecedentes que podrían configurar irregularidades o hechos de relevancia penal”.

Entre los organismos bajo investigación aparecen Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El informe también detectó pagos postergados por US$3.200 millones, compras ágiles y tratos directos cuestionados por más de US$3.170 millones, además de recursos pendientes de recuperar por licencias médicas y programas estatales.

Desde el Ejecutivo señalaron que los antecedentes permitirán fortalecer los mecanismos de control y avanzar en medidas para mejorar la gestión y fiscalización de los recursos públicos.

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El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, generó controversia tras defender las declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre la expulsión masiva de migrantes irregulares, asegurando que el Estado no puede actuar fuera del marco legal.

En conversación con Radio ADN, la autoridad abordó las críticas surgidas tras la promesa de campaña de Kast, quien anteriormente planteó la expulsión de cientos de miles de migrantes en situación irregular y luego señaló que sus dichos correspondían a una “metáfora”.

Frente a ese escenario, Sauerbaum sostuvo que el trabajo del Gobierno no se limita únicamente a las expulsiones, sino también al fortalecimiento del control fronterizo y de las fiscalizaciones internas.

“Nadie está obligado a lo imposible, nosotros no podemos, fuera del marco de la ley, hacer estas expulsiones”, afirmó la autoridad migratoria.

 

Asimismo, destacó que el denominado Plan Escudo Fronterizo ha permitido reducir el ingreso clandestino al país y mejorar las capacidades tecnológicas para el control en las fronteras.

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Sauerbaum apunta al costo económico de las expulsiones

Durante la entrevista, Frank Sauerbaum también cuestionó las críticas dirigidas al Ejecutivo respecto a la cantidad de expulsiones realizadas, indicando que existen importantes limitaciones presupuestarias y administrativas.

Según explicó, el gobierno anterior dejó más de 46 mil expulsiones pendientes, situación que dificulta responder rápidamente a las demandas ciudadanas en materia migratoria.

“Es evidente que en una semana, en un día, ni en dos meses se van a poder sacar 330 mil personas con el costo que tiene”, sostuvo.

La autoridad además emplazó al Congreso a entregar mayores recursos para concretar los procesos de expulsión, señalando que el presupuesto aprobado durante el último año resultó insuficiente.

“Con 4 mil millones de pesos no alcanzamos a expulsar a 2 mil personas”, indicó.

Sauerbaum agregó que el Gobierno deberá realizar esfuerzos adicionales para aumentar las expulsiones durante este año, aunque evitó entregar plazos concretos sobre futuras medidas, adelantando que podrían existir anuncios relacionados con migración durante la próxima Cuenta Pública.

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NACIONAL.- La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la propuesta de invariabilidad tributaria por 25 años para nuevos proyectos de inversión, en el marco de la votación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

La iniciativa obtuvo 81 votos a favor y ahora deberá ser revisada por el Senado, donde podrían presentarse modificaciones respecto al plazo de estabilidad tributaria.

La medida busca atraer inversiones y fomentar la generación de empleo, estableciendo una carga tributaria máxima para proyectos superiores a los US$50 millones.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta propuesta forma parte de un conjunto de medidas económicas orientadas a impulsar el crecimiento del país y destrabar inversiones de gran escala.

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