La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, presentó una solicitud formal para que la Contraloría General de la República deje sin efecto el dictamen que concluyó que excedió sus atribuciones al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI) mientras ejercía el cargo.

A través de un escrito de 24 páginas, la exautoridad busca revertir el Dictamen N.° D344, argumentando que contiene errores jurídicos y que interpreta de manera incorrecta las facultades que la ley otorga al Ministerio de Seguridad Pública. Según sostiene, el oficio reservado mediante el cual solicitó antecedentes fue emitido conforme a la normativa vigente y dentro del marco de sus competencias.

La controversia se originó luego de que Steinert requiriera información relacionada con el traslado de funcionarios de una brigada especializada de la PDI que investigaba casos de crimen organizado en Iquique. Contraloría estimó que dicha actuación excedía sus atribuciones y que, debido a su anterior cargo como fiscal regional de Tarapacá, debió haberse abstenido de intervenir en esa materia.

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Exministra cuestiona el fondo y la forma del dictamen

En su presentación, Steinert sostiene que el organismo fiscalizador realizó un juicio sobre la conveniencia de su decisión administrativa y no sobre su legalidad. Además, afirma que la Ley N.° 21.730 faculta expresamente al Ministerio de Seguridad Pública para requerir información reservada cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus funciones, siempre resguardando la confidencialidad.

Respecto del deber de abstención, la exministra asegura que su experiencia previa como fiscal regional no constituye un conflicto de interés, sino un antecedente de idoneidad profesional. En ese sentido, argumenta que interpretar lo contrario impediría que exfiscales, jueces o policías asumieran funciones en materias de seguridad pública.

El documento también incorpora nuevos antecedentes, entre ellos declaraciones del director general de la PDI, Eduardo Cerna, quien señaló que las decisiones internas de la institución fueron adoptadas exclusivamente por la policía. Asimismo, cita fallos judiciales que, a juicio de Steinert, respaldan la posibilidad de que organismos públicos soliciten información reservada cuando actúan dentro de sus competencias.

Cuestiona procedimiento y filtración del oficio reservado

La exautoridad también criticó el procedimiento seguido por Contraloría, indicando que el dictamen fue remitido a distintas instituciones involucradas, pero no a ella, pese a ser la principal aludida. A su juicio, ello vulneró su derecho a defensa y a ser debidamente notificada.

Otro de los puntos planteados en el escrito apunta al origen de la investigación administrativa. Steinert cuestiona que el procedimiento se iniciara tras la filtración de un oficio reservado, sin que, según afirma, se investigara cómo dicho documento llegó al conocimiento público.

Como petición principal, solicita que Contraloría deje sin efecto el reproche formulado en el Dictamen D344 y reconozca que el oficio fue emitido dentro de las atribuciones legales del Ministerio de Seguridad Pública. De manera subsidiaria, pide que el eventual cuestionamiento se limite únicamente a una parte específica del requerimiento y que se aclare que el dictamen no establece responsabilidad personal en su contra.