La eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comenzó a generar tensiones dentro del oficialismo. Mientras la oposición avanza en la preparación del libelo por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, una votación en la Cámara de Diputadas y Diputados dejó en evidencia que el Gobierno no cuenta con un respaldo unánime de su propio sector.

Este miércoles, la Cámara aprobó una resolución que solicita al presidente José Antonio Kast la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. La iniciativa obtuvo 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones. Aunque la resolución no obliga al mandatario a remover a las autoridades, expuso diferencias políticas que podrían influir en el debate que viene.

El escenario representa un desafío para La Moneda, que mantiene su respaldo al ministro pese a los cuestionamientos surgidos incluso entre parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La acusación constitucional todavía no tiene una fecha definida de votación, pero la oposición ya comenzó a redactar el documento. En paralelo, el Gobierno buscaría dialogar con parlamentarios para evitar que las diferencias expresadas en la Cámara se traduzcan en apoyos a la ofensiva contra Rabat.

Kast mantiene su respaldo mientras crecen las diferencias en la derecha

El presidente José Antonio Kast defendió la continuidad del ministro y planteó que la controversia debe abordarse desde una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema judicial. Su postura apunta a que las responsabilidades no se concentran exclusivamente en una autoridad, sino que involucran también a otras instituciones del Estado.

Sin embargo, la votación parlamentaria mostró que algunos integrantes del oficialismo no están alineados con la estrategia del Ejecutivo. Entre quienes respaldaron la solicitud de salida figuran Carlos Chandía, de RN; las diputadas de la UDI Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo; las independientes vinculadas a esa bancada Marlene Pérez y Natalia Romero, además de Hotuiti Teao.

También hubo seis abstenciones de parlamentarios de RN y la UDI. Por Renovación Nacional se abstuvieron Juan Carlos Beltrán, Ximena Ossandón y Francisco Orrego, mientras que por el gremialismo lo hicieron su presidente, Guillermo Ramírez, Flor Weisse y Marco Antonio Sulantay.

Estas diferencias podrían dificultar la defensa política de Rabat, especialmente entre parlamentarios que han sostenido posturas públicas vinculadas a la protección de la infancia. El diputado de RN Luis Pardo, en tanto, planteó la necesidad de priorizar una solución legislativa frente a los cuestionamientos al sistema judicial, en lugar de centrar el debate en la eventual destitución del ministro.

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El PDG mantiene abierta la definición de sus votos

Otro factor clave para el futuro de la acusación es la postura del Partido de la Gente (PDG). Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, manifestó su rechazo a la idea de acusar constitucionalmente a Rabat, aunque señaló que respetará la decisión colectiva de los parlamentarios de su sector.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por Radio Bio Bio, la bancada mantiene posiciones divididas y buscará establecer una postura común mediante un mecanismo interno. La definición podría ser relevante para el desarrollo de la ofensiva opositora en el Congreso.

Las estimaciones citadas por ese medio sitúan una eventual discusión en la Sala entre la segunda y la tercera semana de noviembre, aunque el calendario dependerá de la presentación formal del libelo y de los avances de su tramitación.

Por ahora, el Gobierno mantiene su respaldo a Fernando Rabat, mientras la oposición prepara la acusación y los distintos sectores políticos definen sus posiciones. La votación de esta semana dejó en evidencia que el ministro enfrenta cuestionamientos más allá de las filas opositoras y que el resultado de una eventual acusación dependerá, en parte, de cómo se resuelvan las diferencias dentro del oficialismo y del PDG.