Un informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas en la Región de Valparaíso tras detectar la renovación de miles de permisos de circulación a vehículos que no cumplían con los requisitos legales para realizar el trámite. La fiscalización concluyó que 36 de las 38 municipalidades de la región otorgaron permisos de manera irregular, acumulando un total de 11.329 renovaciones observadas.

Según el organismo fiscalizador, los vehículos beneficiados mantenían multas de tránsito impagas o sus propietarios figuraban en registros que impedían acceder a la renovación del permiso de circulación. La situación forma parte de una revisión realizada a nivel nacional, que identificó irregularidades en 322 municipios del país.

Además, Contraloría detectó que parte de estos permisos fueron entregados a funcionarios municipales y familiares directos, antecedentes que fueron remitidos al Ministerio Público para analizar posibles conflictos de interés y eventuales responsabilidades.

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Valparaíso lidera la lista regional

Entre las comunas con mayor cantidad de permisos observados se encuentra Valparaíso, con 1.696 renovaciones realizadas pese a existir impedimentos legales. De ellas, 19 corresponden a funcionarios municipales y 115 a familiares de estos.

En segundo lugar aparece Viña del Mar, con 1.309 permisos otorgados en condiciones irregulares, incluyendo cuatro casos asociados a funcionarios municipales y 49 a familiares.

Más atrás figura Villa Alemana con 982 permisos cuestionados, seguida por Limache con 797, Los Andes con 770, La Calera con 589, Algarrobo con 531, Zapallar con 496, Calle Larga con 371 y Quillota con 365 renovaciones observadas por el organismo fiscalizador.

El informe también destaca que San Antonio y Cartagena fueron las únicas comunas de la Región de Valparaíso que no registraron irregularidades en la entrega de permisos de circulación durante el período analizado.

Los antecedentes dados a conocer por la Contraloría abren un nuevo foco de atención sobre los mecanismos de control utilizados por los municipios al momento de renovar permisos de circulación, especialmente considerando que la normativa exige verificar que los vehículos no mantengan multas impagas antes de autorizar el trámite.

Mientras los antecedentes vinculados a funcionarios municipales y familiares quedaron en manos del Ministerio Público, el informe vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de fortalecer los procesos de fiscalización para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.