El alcalde de Rinconada, Juan Galdames, aseguró que ya regularizó su situación luego de ser incluido en la nómina de autoridades observadas por la Contraloría General de la República por no presentar dentro del plazo establecido su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).

La observación forma parte de una revisión realizada por el organismo fiscalizador, que detectó incumplimientos en las obligaciones de transparencia de 15 alcaldes a nivel nacional. Entre ellos figuran tres autoridades de la Región de Valparaíso: los alcaldes de Rinconada, Santo Domingo y Quintero.

Según informó la Contraloría, los jefes comunales observados disponen de un plazo de 10 días hábiles para regularizar la situación. En caso contrario, podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta eventuales medidas administrativas más severas.

Te puede interesar: Nuevo sistema de luminarias busca aumentar la seguridad en calles de Llay Llay

Galdames asegura que la situación ya fue corregida

Tras conocerse la observación, el alcalde Juan Galdames explicó que el incumplimiento se debió a un retraso administrativo y que la actualización de sus antecedentes ya fue realizada.

La autoridad comunal señaló que durante las últimas semanas estuvo concentrado en las labores propias de la administración municipal y en el proceso judicial que enfrenta, circunstancias que demandaron una importante dedicación de tiempo.

En ese contexto, indicó que una vez notificado procedió a efectuar la actualización correspondiente, asegurando que actualmente se encuentra al día con la obligación legal exigida por la normativa vigente.

“El incumplimiento correspondió únicamente a una presentación fuera de plazo que ya fue corregida. Apenas fui notificado, procedí a realizar la actualización correspondiente dentro de los plazos establecidos”, sostuvo el jefe comunal.

Contraloría mantiene monitoreo sobre declaraciones

Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta clave para fortalecer la transparencia en el ejercicio de los cargos públicos, permitiendo informar bienes, actividades económicas y posibles conflictos de interés de las autoridades.

Desde la Contraloría se continúa monitoreando el cumplimiento de esta obligación por parte de autoridades y funcionarios públicos, con el objetivo de garantizar estándares de probidad y acceso a la información para la ciudadanía.