A menos de dos semanas de una nueva elección parlamentaria y presidencial, no solo se definirá el nuevo gobierno y representantes que tendremos por los siguientes cuatro años, sino que también activa un complejo sistema de reembolsos económicos para quienes participaron en la contienda. Estos pagos, administrados por el Servicio Electoral (Servel), buscan cubrir parte de los gastos de campaña, siempre que los candidatos acrediten correctamente sus ingresos y egresos.

La lógica detrás de este mecanismo es simple: evitar el financiamiento irregular y asegurar que todas las candidaturas, más allá de su poder económico, compitan en condiciones similares. Para recibir el dinero, los postulantes deben presentar facturas y boletas válidas, detallar su origen de financiamiento y esperar la aprobación de la cuenta electoral por parte del Servel. Solo entonces pueden acceder al reembolso, que proviene del presupuesto público.

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De acuerdo con la normativa vigente, el monto se expresa en Unidades de Fomento (UF). En la elección presidencial de 2025, los valores se mantienen en 0,04 UF por voto en primera vuelta y 0,01 UF en segunda. Con la UF a $39.643, cada sufragio equivale a unos $1.585 en primera y $396 en segunda vuelta. Los partidos políticos, por su parte, reciben 0,015 UF por voto, es decir, cerca de $594.

Para tener una referencia, si un candidato obtuviera 4 millones de votos en primera vuelta, el Servel podría devolverle cerca de $6.300 millones. En 2021, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric Font habría recibido una cifra similar considerando los votos obtenidos entonces. Con el voto obligatorio vigente desde 2023, se espera que las cifras sean aún más altas debido al aumento del padrón participante.

Gobierno estudia cambios al sistema

Por lo mismo, el Ministerio de Hacienda ya trabaja en una revisión del sistema. Según ha señalado el ministro Nicolás Grau, el Gobierno planea ajustar los valores a partir de 2026, con el objetivo de reducir el gasto público sin eliminar el principio de financiamiento estatal. La propuesta plantea que los reembolsos bajen a $998 por voto para los candidatos y $383 para los partidos políticos, abriendo una discusión sobre los costos reales de la democracia en Chile.