El alcalde de La Calera, Johnny Piraíno, quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual tras ser formalizado por el delito de fraude al Fisco, en una causa vinculada al presunto uso de maquinaria municipal en beneficio particular.
La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantía de La Calera durante la audiencia realizada este miércoles 3 de junio. La investigación se originó a partir de antecedentes detectados por la Contraloría Regional de Valparaíso, los que posteriormente dieron paso a una indagatoria penal liderada por el Ministerio Público.
Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el caso se relaciona con el supuesto uso de un camión aljibe y una retroexcavadora municipal en un inmueble ubicado en la comuna de Nogales, hechos que habrían ocurrido entre marzo y abril de 2023.
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Tribunal consideró que existen antecedentes suficientes para la investigación
De acuerdo con lo señalado por el magistrado Alejandro Lobos durante la audiencia, existen elementos que permiten presumir fundadamente la existencia del delito y la eventual participación del jefe comunal en los hechos investigados.
Según consignó el Poder Judicial, el juez sostuvo que entre los antecedentes presentados por la Fiscalía se encuentran declaraciones de testigos que habrían observado un camión aljibe municipal en el domicilio asociado a la investigación. Asimismo, indicó que dichos antecedentes permiten sustentar, al menos en esta etapa procesal, la participación del imputado.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en dependencias de Carabineros de Nogales. La defensa no presentó oposición a la petición realizada por la Fiscalía.
Investigación continuará durante seis meses
Junto con decretar las medidas cautelares, el tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días, periodo en el que la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes para esclarecer los hechos.
La causa se suma a las sanciones administrativas que previamente había determinado la Contraloría Regional de Valparaíso en relación con este caso, mientras la investigación penal busca establecer eventuales responsabilidades por el presunto uso de recursos municipales en beneficio privado.
