Por Daniela Muñoz C.
El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió a las irregularidades detectadas en el ingreso de cientos de menores haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar, caso que ha generado preocupación luego de conocerse antecedentes sobre la falta de trazabilidad de algunos de estos niños una vez que ingresaron a territorio nacional.
La situación salió a la luz tras una investigación publicada por BBCL Investiga, donde se reveló que documentos confidenciales advierten que durante 2025 cientos de menores ingresaron a Chile acompañados por adultos cuya relación con ellos “no siempre fue verificada por las autoridades competentes”.
Consultado por este caso, Alvarado reconoció la gravedad de los antecedentes conocidos hasta ahora y manifestó su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en los propios menores y sus familias.
“Son niños que de alguna u otra forma fueron utilizados para ser traídos a nuestro país y donde, claramente, queda de manifiesto que no se cumplieron los procedimientos, no se cumplieron las reglas que dicen relación con la reunificación familiar”, afirmó la autoridad.
Asimismo, calificó el escenario como “bastante angustiante para muchas familias”, considerando las dudas que existen respecto al cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de procesos migratorios.
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Contraloría, Fiscalía y posible comisión investigadora
El ministro explicó que actualmente existen diligencias en curso para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, una investigación liderada por el Ministerio Público y las acciones desarrolladas por la Contraloría General de la República para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
A ello se suma la posibilidad de que la Cámara de Diputadas y Diputados impulse una comisión investigadora destinada a revisar el funcionamiento de los mecanismos de control aplicados en los procesos de reunificación familiar.
Respecto de las eventuales responsabilidades políticas derivadas de este caso, Alvarado llamó a esperar las conclusiones de los organismos fiscalizadores antes de emitir juicios definitivos.
“Hay que esperar el informe final de la Contraloría, que determine claramente las responsabilidades de carácter administrativo, y si ese informe es categórico respecto a faltas concretas, definitivas, obviamente que hay personas que políticamente representan aquellos servicios y tendrán que dar la cara y tendrán que dar su opinión y responder”, sostuvo.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa generando preocupación por las fallas detectadas en los controles asociados a la reunificación familiar de menores extranjeros. Las conclusiones de la Contraloría y del Ministerio Público serán claves para establecer si existieron incumplimientos administrativos o responsabilidades de funcionarios en un proceso que hoy se encuentra bajo intenso escrutinio público.
