La alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, enfrenta cuestionamientos por los negocios con organismos públicos de una empresa de seguridad privada de la que posee el 75% de la propiedad. Según informó Radio BioBio, a partir de una investigación publicada por El Mostrador, la firma recibió 87 órdenes de compra después de la entrada en vigencia de una ley que restringe este tipo de contrataciones.
La sociedad, denominada Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda., registra un total de 501 órdenes de compra provenientes de 37 instituciones estatales desde julio de 2021. De acuerdo con los antecedentes publicados, las 87 órdenes posteriores al 28 de noviembre de 2025 se emitieron luego de que comenzara a regir la Ley 21.659 sobre Seguridad Privada, que prohíbe a empresas de este rubro con participación de alcaldes y concejales prestar estos servicios a organismos del Estado.
Uno de los casos involucró al Registro Civil, que había contratado servicios de instalación y monitoreo de alarmas para sus oficinas en Valparaíso por más de $50 millones. Tras revisar la normativa vigente, la institución informó el término anticipado del contrato, argumentando que la medida responde al cumplimiento de las disposiciones sobre probidad administrativa y de la Ley de Seguridad Privada.
Consultada por la situación, Rossat sostuvo que no cumple funciones administrativas dentro de la empresa y que su participación se limita a ser socia. “Yo no soy administradora, yo no veo nada de la empresa. Soy socia nomás de una sociedad y eso me lo permite la ley”, afirmó, según consignó Radio BioBio.
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Especialistas apuntan a los controles de los organismos públicos
El caso también abrió cuestionamientos sobre los mecanismos que utilizan las instituciones estatales para verificar si sus proveedores cumplen con la legislación vigente.
Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, planteó que la tecnología podría facilitar la detección de este tipo de situaciones y cuestionó la falta de modernización de los sistemas de control público.
Por su parte, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, señaló que la responsabilidad inicial de verificar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada recae en las instituciones que contratan los servicios. A su juicio, los organismos deben adoptar los resguardos necesarios antes de adjudicar licitaciones o concretar contrataciones.
Entre las entidades públicas que registran órdenes de compra con la empresa figuran el Servicio de Salud de Coquimbo, el Hospital de Putaendo, el Cesfam de Llay Llay y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.
Los antecedentes ponen el foco en la aplicación de la normativa que comenzó a regir en noviembre de 2025 y en los procedimientos de revisión que deben realizar los organismos públicos frente a empresas proveedoras vinculadas a autoridades comunales.
