Nuevos antecedentes relacionados con las mediciones ambientales de ENAP abrieron otra arista en el prolongado conflicto por la contaminación en Quintero y Puchuncaví. La representación jurídica de más de mil afectados anunció que buscará ampliar las acciones penales y que solicitará investigar a 16 exejecutivos de la empresa estatal.
El anuncio surge a partir de un informe interno de ENAP que detectó inconsistencias en los parámetros utilizados para determinar los niveles de recuperación de azufre. Los antecedentes fueron abordados por el abogado Remberto Valdés, querellante de las familias afectadas, durante una entrevista con Expreso Bío Bío de Radio Bío Bío.
Según explicó el profesional al citado medio, la normativa establece una exigencia de 98% de recuperación de azufre, mientras que los registros que están siendo cuestionados presentarían valores inferiores a ese porcentaje. Estos antecedentes, a juicio del representante de las víctimas, requieren ser esclarecidos en sede penal.
Valdés fue más allá y acusó la existencia de informes falsificados, afirmación que forma parte de sus planteamientos como querellante y que deberá ser determinada por la investigación correspondiente.
A partir de estos nuevos antecedentes, la representación de las familias pretende ampliar las querellas criminales y solicitar la imputación de 16 personas que anteriormente ocuparon cargos ejecutivos en ENAP. También buscan que se acceda a documentación y registros originales relacionados con las mediciones cuestionadas.
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Buscan las máximas responsabilidades penales
La ofensiva judicial apunta a determinar si las inconsistencias detectadas pueden configurar eventuales delitos medioambientales y establecer quiénes tuvieron responsabilidad en la elaboración, utilización o manejo de los antecedentes que ahora están bajo cuestionamiento.
De acuerdo con lo señalado por Valdés a Radio Bío Bío, también solicitaron la incautación de información que, según sostiene, ENAP todavía no habría entregado al Ministerio de Energía. El abogado afirmó que buscarán las sanciones penales más altas que correspondan en caso de acreditarse responsabilidades.
El representante también volvió a cuestionar los tiempos que ha tomado la búsqueda de responsabilidades por los episodios de contaminación que han afectado a la zona, manifestando su confianza en que exista una respuesta de la justicia, aunque considera que esta podría llegar tardíamente para algunas de las familias.
Actualmente, Valdés representa a 1.034 personas de Quintero y Puchuncaví y sostiene que 17 integrantes de este grupo han fallecido durante los años transcurridos. Frente a este escenario, los afectados están solicitando al Estado un cambio en la manera de abordar el conflicto y una respuesta que considere directamente la situación que enfrentan las familias.
Las nuevas acciones anunciadas abren así otro frente en el caso. Será ahora la investigación la que deberá establecer el alcance de las inconsistencias detectadas en los registros, determinar si existió alguna conducta constitutiva de delito y definir las eventuales responsabilidades de los exejecutivos de ENAP señalados por los querellantes.
