Representantes de las víctimas de los episodios de contaminación registrados en Quintero y Puchuncaví llegaron hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar al Gobierno la apertura de una instancia de diálogo, luego de que su caso fuera admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La acción internacional agrupa a 1.034 personas afectadas y tiene su origen en los episodios de intoxicación ocurridos durante 2018 en la zona. Los denunciantes vinculan estos hechos al manejo y vertimiento de crudo Iranian Heavy por parte de ENAP en la Refinería Aconcagua.
Según los antecedentes entregados por los representantes de las víctimas, el Estado debía presentar antes del 13 de julio un pronunciamiento ante la CIDH respecto de la denuncia por una eventual vulneración de los derechos a la vida, salud e integridad personal. Sin embargo, sostienen que la respuesta no habría sido entregada dentro del plazo establecido.
Ante este escenario, los afectados acudieron a Cancillería con el objetivo de solicitar que el Ejecutivo avance hacia una mesa de trabajo que permita explorar una conciliación y eventual solución amistosa para las más de mil personas que forman parte del caso.
Paralelamente, las víctimas mantienen una demanda indemnizatoria ante el Primer Juzgado Civil de Talcahuano, mediante la cual reclaman más de $17.300 millones por concepto de daño patrimonial y moral.
Te puede interesar: Pareja de Mara Sedini aparece como accionista de sociedad vinculada a investigación que involucra a Camilo Huerta
Nuevas acciones judiciales se suman al caso
El episodio de contaminación de 2018 también dio origen a una investigación penal que avanzó en 2023 con la condena de tres ejecutivos de ENAP. Posteriormente, tras acciones judiciales que modificaron ese escenario, los acusados fueron absueltos en 2024.
Los afectados han manifestado cuestionamientos frente al desenlace de aquella causa y han planteado reparos respecto de la actuación de integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, incluyendo acusaciones sobre eventuales conflictos de interés. Estos señalamientos corresponden a la posición de las víctimas y sus representantes y no constituyen por sí mismos hechos acreditados judicialmente.
A esta arista se suma una nueva querella admitida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, vinculada a presuntos delitos ambientales por hechos registrados durante 2026 en la Refinería Aconcagua y eventuales irregularidades relacionadas con reportes de dióxido de azufre.
Los representantes de las víctimas también han cuestionado la posición del Estado frente al proceso internacional, considerando que tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado participaron como partes acusadoras en las acciones desarrolladas anteriormente ante tribunales chilenos.
Desde la coordinadora de afectados aseguran, además, que las consecuencias de los episodios de contaminación se mantienen hasta la actualidad, incluyendo problemas de salud física y mental. La organización señala que 17 integrantes del grupo han fallecido y atribuye estas muertes a enfermedades relacionadas con la contaminación, relación causal que corresponde a lo sostenido por los afectados.
Con la admisión del caso ante la CIDH, las 1.034 víctimas de Quintero y Puchuncaví esperan ahora que el Gobierno abra una instancia formal de diálogo para explorar una solución amistosa y posibles mecanismos de reparación, mientras en Chile continúan desarrollándose distintas acciones judiciales relacionadas con el conflicto ambiental.
